Bogotá, Colombia – Junio 25 de 2025 – Una controversia política ha estallado en Colombia tras revelarse que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, habría ordenado el traslado de cabecillas de peligrosas bandas delincuenciales de Medellín para un evento público en el que participaría el presidente Gustavo Petro. Una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaría la solicitud de la legisladora.
La noticia ha generado un amplio debate sobre la idoneidad de que líderes criminales, actualmente privados de la libertad, sean movilizados para asistir a actos políticos o de paz sin que medie un marco legal claro que justifique tales permisos. La situación se agrava al conocerse que el objetivo de dicho traslado sería que estos individuos compartieran tarima con el propio presidente de la República, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una señal equívoca por parte del Gobierno.
La revelación de la implicación directa de la senadora Zuleta en esta gestión ha puesto su actuación bajo un intenso escrutinio. Se cuestiona el alcance de sus facultades para solicitar este tipo de traslados y si la decisión se ajusta a los protocolos establecidos por el Inpec y las leyes colombianas. La polémica alimenta las críticas en torno a la estrategia de “paz total” y los acercamientos con grupos armados, especialmente cuando implican la visibilización de figuras criminales antes de un proceso formal de desmovilización y sometimiento a la justicia. Este incidente promete seguir generando reacciones en el ámbito político y judicial del país.