La gestión de Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, ha estado marcada por una creciente fricción con la administración de Gustavo Petro. Lo que comenzó como una diferencia de enfoques se ha transformado en una confrontación abierta por lo que la mandataria califica como un “abandono institucional” hacia la región de los Llanos Orientales. Revista Orinoco analiza la relación del departamento con el Gobierno Nacional.
1. El quiebre institucional: Seguridad y Economía
La gobernadora ha sido vocal al denunciar que la falta de una hoja de ruta clara desde la Casa de Nariño está asfixiando al departamento. Los puntos críticos incluyen:
- Crisis de Seguridad: Cortés ha señalado que la política de “Paz Total” ha generado vacíos de autoridad en las zonas rurales del Meta, permitiendo el fortalecimiento de grupos armados que afectan la tranquilidad de ganaderos y agricultores.
- Desarticulación Administrativa: Existe una denuncia persistente sobre la “sordera” de los ministerios, lo que impide que los programas de inversión regional se alineen con el Plan de Desarrollo Nacional.
- Gestión de Recursos: La gobernadora critica que los trámites para ayudas económicas y proyectos de infraestructura se pierden en la burocracia centralista, dejando al departamento sin margen de maniobra.
2. La crisis de los peajes y la movilidad (2025)
Uno de los momentos más tensos de su administración ocurrió en 2025, cuando el Meta quedó prácticamente sitiado por protestas en puntos neurálgicos como Puente Amarillo, Ocoa, Iracá, La Libertad y Pipiral.
Ante el bloqueo de estas arterias vitales, Cortés exigió al Gobierno Nacional:
- Intervención Directa: La resolución de los conflictos con las comunidades que exigen tarifas diferenciales o el desmonte de peajes.
- Declaratoria de Emergencia Económica y Social: Una medida de excepción para mitigar el impacto devastador en el sector transporte y la cadena de suministros, que vieron pérdidas multimillonarias por la parálisis de la vía al Llano.
3. El Meta como bastión de oposición regional
La postura de Rafaela Cortés no es aislada; se ha convertido en una de las voces líderes de los gobernadores que reclaman mayor autonomía y federalismo. Su discurso sugiere que el Meta está siendo “castigado” políticamente por no alinearse con la ideología del Gobierno Nacional, lo que ha generado una narrativa de resistencia regional frente al centralismo bogotano.
La insistencia en la emergencia económica busca no solo recursos, sino también obligar al presidente Petro a poner su mirada en una región que es despensa alimentaria del país y cuya inestabilidad afecta directamente la inflación y el abastecimiento de la capital.