La restitución de tierras prometió reparar a las víctimas del conflicto armado y devolverles lo que la violencia les arrebató. Sin embargo, para muchos campesinos el regreso estuvo marcado por el abandono estatal, la presión económica y la imposibilidad de permanecer en sus propios predios. Esta investigación expone la brecha entre la restitución legal y la vida real de quienes, aun con la tierra a su nombre, se vieron obligados a marcharse otra vez.
Durante más de una década, la restitución de tierras en Colombia ha sido presentada como uno de los pilares de la justicia transicional. Actos oficiales, sentencias judiciales y cifras institucionales han construido la imagen de un país que devuelve lo arrebatado por la guerra. Sin embargo, lejos de los micrófonos y las cámaras, otra historia se repite con silenciosa frecuencia: campesinos que recuperaron legalmente su tierra, pero no lograron quedarse en ella.
El regreso que no fue retorno
La Ley 1448 de 2011 estableció el camino para que las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado recuperaran sus predios. En términos jurídicos, el proceso ha sido sólido. Pero el retorno al campo no es solo un acto legal: es una apuesta por reconstruir la vida en territorios profundamente transformados por años de violencia y abandono.
Informes de la Unidad de Restitución de Tierras reconocen que los mayores desafíos aparecen después del fallo, en la etapa conocida como “posfallo”. Es allí donde muchas familias restituidas quedan solas, enfrentando inseguridad, aislamiento, falta de vías, ausencia de crédito y una débil presencia institucional.
La advertencia del máximo tribunal
La Corte Constitucional ha advertido de manera reiterada que la restitución formal no garantiza el goce efectivo de derechos. En autos de seguimiento como el 373 de 2016, el alto tribunal alertó sobre el riesgo de revictimización cuando el Estado no asegura condiciones reales de permanencia.
“La restitución material debe estar acompañada de medidas estructurales que permitan reconstruir un proyecto de vida”, señaló la Corte, subrayando que entregar un título sin garantías puede convertir la reparación en una promesa incompleta.
El despojo que no hace ruido
El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado que el despojo en Colombia no siempre ocurre con armas. En el escenario posterior al conflicto emergen formas legales y económicas de expulsión, menos visibles pero igualmente efectivas.
Campesinos restituidos regresan a predios donde producir es casi imposible. Sin asistencia técnica, sin mercados, sin seguridad ni infraestructura, la tierra se convierte en una carga. En ese contexto aparecen intermediarios, compradores o proyectos económicos de gran escala que ofrecen salidas “voluntarias”. No hay amenazas explícitas. Hay necesidad.
Lo que dice la investigación social
Estudios del centro de pensamiento jurídico Dejusticia coinciden en que la restitución se ha concentrado en lo legal, dejando en segundo plano la dimensión social y económica del retorno. Según sus análisis, la ausencia de acompañamiento integral empuja a algunas familias restituidas a vender o abandonar nuevamente sus predios.
Este fenómeno, identificado por la academia como abandono inducido, rara vez aparece en las estadísticas oficiales.
La cifra que nadie lleva
No existe un registro público que indique cuántas familias restituidas ya no viven en los predios recuperados. Una vez entregada la tierra, el seguimiento institucional se diluye. En los informes, esas restituciones cuentan como casos exitosos. En la realidad, muchas de esas familias regresaron al desplazamiento, esta vez sin reconocimiento ni protección.
La Orinoquía: tierra estratégica, permanencia frágil
En regiones como la Orinoquía, donde la tierra es altamente apetecida por proyectos agroindustriales, energéticos y de infraestructura, el problema se agudiza. El valor del suelo aumenta, pero las condiciones para el campesino no mejoran. La presión del mercado termina haciendo lo que antes hacía la violencia: expulsar.
Aquí, el despojo no llega con fusil, sino con contratos, impuestos, deudas y promesas de desarrollo que rara vez incluyen a quienes siempre habitaron el territorio.
Más allá de la escritura
La restitución de tierras es una política necesaria y legítima. Pero restituir no puede limitarse a devolver un predio. Sin seguridad, crédito, vías, salud, educación y acompañamiento real, la tierra restituida se convierte en una ilusión jurídica.
Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la reparación se mide por la posibilidad de reconstruir la vida, no por la entrega de un documento.
Una verdad incómoda
Este no es un alegato contra la restitución. Es una advertencia sobre sus límites. Porque mientras el país celebra tierras devueltas, muchos de sus legítimos dueños ya no están allí para habitar lo que recuperaron.
La tierra volvió al papel.
Pero la gente, en demasiados casos, tuvo que irse otra vez.